Un escándalo golpea a la Policía Nacional del Perú (PNP) en Piura. El general Manuel Farías Zapata, jefe de la Región Policial, informó que más de 60 efectivos están siendo investigados por presuntamente vender sus armas de reglamento en el mercado negro. Según las indagaciones, algunos agentes adquirían armamento a 3 mil soles, fingían su pérdida y luego lo revendían hasta por 10 mil soles.
Esta situación ha generado preocupación dentro de la institución, ya que evidencia un grave problema de corrupción que afecta la seguridad ciudadana. La Fiscalía Militar Policial ha iniciado una investigación y ha instalado una base en Piura para profundizar en el caso.
Propuesta de traslado de policías recién egresados
Ante la crisis, el general Farías Zapata solicitó al Ministerio del Interior evitar que los nuevos egresados de las escuelas policiales de Piura permanezcan en la región. Propuso que sean trasladados a otras ciudades como Lima o Huancayo y que, en su reemplazo, lleguen efectivos de otras jurisdicciones.
Según el jefe policial, se han detectado casos en los que los agentes provienen de familias con antecedentes penales o tienen vínculos con personas involucradas en actividades delictivas, lo que podría generar conflictos de intereses en su desempeño.
Falta de vocación y deficiencias en la formación
Farías Zapata también denunció la baja calidad de los nuevos efectivos. En el último examen de evaluación, el 30% de los policías resultaron desaprobados, lo que pone en duda su preparación para cumplir con su labor.
Además, señaló que muchos de los nuevos agentes ingresan a la PNP sin vocación de servicio y con intereses más ligados a beneficios personales. «Más les preocupa comprarse una moto, zapatillas de marca y celulares de alta gama que cumplir con su labor», afirmó el general.
Investigaciones en curso y llamado a la justicia
A pesar de la gravedad del caso, hasta el momento no se han tomado medidas severas contra los policías involucrados en la venta ilegal de armas. La ciudadanía expresa su preocupación por la falta de sanciones y exige que las investigaciones avancen con firmeza.
Las autoridades han asegurado que no permitirán que la corrupción continúe afectando la imagen de la PNP y ponen en riesgo la seguridad de la población piurana.
