Nuevas imágenes de seguridad obtenidas de la Comisaría PNP Santa Luzmila confirmaron que el suboficial Darwin Condori estuvo en dichas instalaciones el 16 de noviembre de 2024, el mismo día en que se encontró el cuerpo de Sheyla Cóndor. La Policía inicialmente negó su presencia, pero los videos muestran su ingreso alrededor de la 1:00 p.m..
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Abogados denuncian manipulación de pruebas
El Estudio Arbizu y Gamarra, que representa a la familia de la víctima, denunció irregularidades en la investigación. Según los abogados Aarón Alemán y Jackeline López, la evidencia apunta a un posible encubrimiento por parte de algunos efectivos policiales.
«Desde el inicio, la familia de Sheyla denunció demoras y falta de transparencia en la investigación. Hoy exigimos respuestas: ¿Por qué se ocultó esta información? ¿Quién protege a Condori?», expresaron.
Contradicciones y posible encubrimiento
Un informe de Punto Final reveló que dos policías clave en el caso, Miguel Carrera y Ronald Núñez, se negaron a entregar sus teléfonos celulares a la Fiscalía. Carrera alegó que era de uso personal, mientras que Núñez afirmó que su celular quedó inoperativo tras caer al inodoro, declaraciones que han generado gran sospecha.
Además, la madre de Sheyla, Elsa Torres, denunció que la Policía no incluyó el nombre de Condori en el parte policial cuando reportó la desaparición de su hija, a pesar de que ella lo identificó como la última persona en verla con vida.
Investigación bajo la lupa
El abogado Aarón Alemán también señaló negligencia en el levantamiento del cadáver de Condori, hallado muerto el 19 de noviembre en un hostal de San Juan de Lurigancho. Según Alemán, la Policía no cumplió con los protocolos, lo que refuerza las sospechas de encubrimiento.
«No permitiremos que este feminicidio quede impune. Exigimos sanción no solo para el autor, sino también para quienes intentaron encubrirlo», enfatizaron los representantes legales de la familia.
El caso de Sheyla Cóndor, una joven de 26 años, ha generado indignación en la ciudadanía, que exige transparencia y justicia. La presión social y mediática continúa en aumento, mientras se esperan nuevas acciones por parte de la Fiscalía.
