La EPS Grau ha emitido un comunicado exigiendo a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) el cese de acciones de amedrentamiento. Esta demanda surge en respuesta a un comunicado anterior donde la EPS Grau acusaba al ente regulador de agravar su situación mediante la imposición de multas, poniendo en riesgo la continuidad del servicio.
El 13 de julio, la EPS Grau recibió el oficio 302-2024 de la Sunass, en el cual se les solicitaba «abstenerse de realizar afirmaciones sesgadas en contra del esquema regulatorio, lo cual puede afectar la prestación del servicio». En su comunicado, la EPS Grau resalta que la libertad de expresión es un derecho constitucional y solicita «el cese de este tipo de actos».
La situación ha generado preocupación sobre la relación entre la EPS Grau y la Sunass, y su impacto en la prestación de servicios de saneamiento.
