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HABRÍAN REPRESALIAS EN SECTOR EDUCACIÓN PIURA

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“Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado”
Ernest Hemingway.

Hay batallas que son pequeñas, cotidianas, quizá insignificantes para la masa, pero valiosas para quien las libra. Esas batallas son las que ponen a prueba nuestro temple. Algunas de ellas son contra enemigos poderosos, pero es mejor librarlas, incluso ante de la perspectiva de ser destruido.
Veamos. Hace unos días (exactamente el 03/01/2017), junto a algunos directores, formulamos algunos cuestionamientos a la DREP, respecto a los contratos del personal CAS de las escuelas Jornada Escolar Completa (JEC). Se trataba de la decisión de no renovar los contratos a estos trabajadores, contraviniendo la normatividad, que establece que dicha renovación depende de las evaluaciones trimestrales, realizadas por el CONEI, en los colegios JEC. Es más, en el mes de diciembre se reiteró dicho procedimiento en Oficio N°135 – 2016/MINEDU-VMGP-DIGEBR, dentro de las instituciones educativas JEC. Este documento emanado del Minedu, establece asimismo las partidas presupuestales para que se renueve y se pague al personal CAS por 12 meses (de enero a diciembre del 2017). Que quede claro, no buscamos favorecer a nadie. Aquellos CAS que no hayan logrado puntaje satisfactorio, y los hay muchos, deben ser cambiados. Pero aquellos competentes y responsables se han ganado el derecho (de acuerdo a la normatividad) a su puesto de trabajo.
No pasaron ni 24 horas de nuestras declaraciones a la prensa, cuando me notifican, mediante Resolución Directoral N° 003 – 2017, Ugel Tambogrande, por la cual me suspenden en mis funciones, nada menos que por 13 meses, sin goce de haber. Se trata de un viejo Proceso Administrativo iniciado en el 2015, sobre el cual, reiteradamente había solicitado se resuelva, por no existir ninguna evidencia probatoria en mi contra, más allá de los dichos y declaraciones de algunas personas. Ahora ya entiendo lo de la lentitud. Se trataba de una espada de Damocles, que ha caído sobre mi cabeza a raíz dela ira de algunos funcionarios de alto nivel de la DREP. Como vemos estamos ante una evidente represalia, pero no cualquier represalia, sino se me ha impuesto la suspensión más alta (13 meses), correspondiente a delitos graves. En efecto, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios (COPROAD) de la Ugel Tambogrande, integrada en su mayoría por personal contratado (vulnerables a las presiones de los entes superiores) no tenía más evidencia probatoria que los dichos de algunas personas. Consecuentemente, la única explicación de tan inusitada celeridad, y de lo draconiano de la sanción es la orden de arriba, operativizada velozmente por la Ugel Tambogrande. El objetivo era silenciarme, y de la manera más “contundente”, como si se tratara de un delito de, por ejemplo, acoso sexual. En ese sentido, no procedieron con esa celeridad y con esa dureza cuando hace algunos días, mi persona informó a dicha UGEL, documentadamente (oficio N° 276 – 2016, con N° de expediente 15127 del 07/11/16) sobre el caso de una niña que estaba sufriendo presunto acoso sexual por parte de un mototaxista de la zona de Villa La Peñita, poblado donde mi persona ejerce el cargo de director.
Como queda en evidencia todo apunta (y se configura) como una decisión abusiva y carente de todo sustento fáctico y normativo, lo cual me encargaré de desbaratar en las instancias respectivas. Queda nada más a mis colegas directores de los colegios JEC a, mantenerse unidos y no dejarse amedrentar y más bien todo lo contrario, continuar exigiendo el cumplimiento de la ley.
#Billy Crisanto Seminario
#Piura – Perú

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