Tras los señalamientos de las presuntas irregularidades en las contrataciones del Gobierno Regional de Piura, Jusbie Gonzales, gerenta regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural (PRORURAL), se defiende ante las acusaciones del Informe de Contraloría General de la República. Gonzáles es sindicada como uno de los funcionarios contratados sin cumplir los requisitos previos.
El día miércoles 9 de agosto, Diario Correo publicó sobre el Informe 068-2023-OCI/5349-SVC de Contraloría donde señalan a “cerca de cuarenta funcionarios que no cumplen requisitos”. Entre los funcionarios se encuentra la gerenta de PRORURAL, quién, según Contraloría y Correo, no cumpliría con tener grado de maestría que exigen los requisitos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF).
El 3 de agosto, seis días antes de la publicación, Jusbie Gonzáles envió una carta de revisión al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Piura (OCI) alegando que los actuales requisitos para la contratación no señalan la necesidad de una maestría. Según la vigente resolución Ejecutiva Regional 01-2020 que deja sin efecto la resolución ejecutiva regional 032 – 2016 donde se anexan los nuevos cuadros de asignación personal y solo pide como requisito mínimo el título profesional más no maestría cumpliendo con los criteriosde evaluación que exige la ley de libre designaciónde los funcionarios. “Yo cumplo con el requisito, soy abogada con más de 8 años de experiencia en la administración pública y no estoy cometiendo falta alguna a la normativa de contratación de personal”, se reafirma la gerenta, quien además cuestionó que ningún periodista de Diario Correo, la llamó para escuchar su versión.
El OCI evalúa a la licenciada con una resolución del 2016, es decir, con una resolución nula. “Existe un informe 080-2022-OCI de fecha 23 de diciembre del año 2022 donde a mi antecesor se le evaluó con el perfil de cuadro de asignación personal y se le solicita título profesional», desconozco porque a mí se me evalúa con una resolución que no corresponde, se cuestiona la joven abogada.
Los informes de OCI son de carácter informativo. No tienen responsabilidad penal ni administrativa, por lo que Jesbie Gonzáles aclara que, mientras dure su proceso de apelación con el OCI, los medios de comunicación que sigan su caso, al menos, la llamen para corroborar la información que deseen, mientras tanto, seguirá trabajando en dicha institución, cumpliendo con los objetivos planteados con honestidad y transparencia en favor de los intereses de la región, manifestó la gerenta de Prorural.
