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miércoles, octubre 20, 2021

El informe económico-financiero como medio de prueba en los delitos financieros por Valentin Soto LLerena

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Por: Valentin Soto Llerena 

Sumario: 1. La prueba en el proceso penal, 2. La valoración de la prueba, 3. El informe económico-financiero: ¿medio de prueba idóneo en los delitos financieros?


 

En la doctrina procesal penal comparada, Miranda Estrampes, distingue tres aspectos de la prueba que deberán ser tomados en cuenta: El primero aspecto: carácter objetivo, se considera prueba a todo medio que sirve de conocimiento de los hechos al juez, en efecto, prueba es aquel medio o instrumento que se utiliza para lograr la certeza judicial; el segundo aspecto: carácter subjetivoen donde se equipara la prueba al resultado obtenido de la misma, esto es, al convencimiento o grado de convicción que se produce en la mente del juez; es decir, el resultado de la actividad probatoria; el tercer aspecto: carácter objetivo-subjetivo, este aspecto es una mezcla del medio (objetivo) y del resultado (subjetivo), definiendo a la prueba como el producto de motivos o razones que proporcionan conocimiento de un determinado hecho en un proceso, producto de los medios aportados[6].

En efecto, prueba es todo aquel medio que permite confirmar o desvirtuar una hipótesis o afirmación precedente. La prueba penal puede caracterizarse por la utilización de las novedades técnicas y científicas para el descubrimiento y valoración de los datos probatorios y la consolidación de las reglas de la sana crítica racional en la apreciación de los resultados[7].

La prueba, en un sistema acusatorio, tiende a la reconstrucción conceptual del hecho de un modo comprobable y demostrable. Y su incorporación al proceso penal es correlativa al principio de presunción de inocencia del inculpado[8].

2. La valoración de la prueba

La valoración de la prueba es el juicio subjetivo que realiza el juez, respecto a las pruebas producidas y aportadas por las partes, realizando una correcta valoración con las reglas de la sana crítica o libre convicción[9]. Esta valoración representa un proceso intelectual orientada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de pruebas recibidos; y este proceso debe llevarse a cabo atendiendo los principios de comunidad, universalidad o adquisición de la misma; para que se integren al proceso, para producir efectos generales en relación con las pretensiones de los sujetos procesales.

Esta actividad valorativa es trascendental dentro del proceso penal –específicamente, de la etapa intermedia–[10], sin embrago, esta no debe consistir únicamente en determinar con exactitud qué es en sí misma la prueba, ni sobre qué debe recaer, ni por quién o cómo debe ser reproducida; sino, por el contrario, debe consistir en determinar, con mayor exactitud posible, cómo gravitan y qué influencia ejercen los diversos medios de prueba, sobre la decisión que el magistrado debe expedir[11].

En la doctrina procesal penal nacional[12], Florencio Mixán Mass sostiene que esta actividad representa una actividad cognoscitivo integral, libre e imparcial[13]. En similar sentido, Cubas Villanueva, señala que esta actividad es una operación intelectual o mental que realiza el juez destinado a establecer el mérito o valor de las pruebas actuadas en el proceso[14].

En el derecho procesal penal comparo, Miranda Estrampes sostiene que la valoración o apreciación de la prueba consiste en determinar la eficacia o influencia que los datos o elementos probatorios aportados al proceso, mediante los oportunos medios de prueba, generando una convicción en el magistrado[15].

En efecto, la valoración de la prueba debe entenderse como un proceso de operaciones mentales referidos al estado de las pruebas actuadas en un proceso; tanto las pruebas aportadas por las partes, como las pruebas obtenidas directamente por el juez.

Este proceso debe regirse bajo los principios de la adquisición de la prueba, la unidad de la prueba y la sana crítica[16]. Y debe cumplir determinados parámetros como criterios racionales, la valoración individualizada de los medios de prueba.

3. El informe económico-financiero: ¿medio de prueba idónea en los delitos financieros?

La pericia es el medio de prueba, de carácter complementario, mediante el cual se obtiene, para el proceso, diversas actividades de observación, recojo de vestigios materiales y análisis consiguientes, que den lugar a un informe o dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o de experiencia calificada, indispensables para poder conocer o apreciar hechos relevantes de la causa[17].

La prueba pericial debe ser entendida como aquella actividad realizada por un determinado especialista para aportar al proceso conocimiento cualificada que el juez no posee o necesita mayor información para tomar una mejor decisión[18]. Y como tal se constituye en un medio probatorio indirecto, histórico, debido a que los datos que se proporcionan son informaciones especializadas en relación a la materia[19].

La pericia, como prueba indiciaria, es la prueba reina y la que ofrece un mayor grado de conocimiento y seguridad. La técnica ha hecho aparecer sistemas más objetivos y seguros.

La pericia constituye un acto complejo que se desenvuelve en la investigación preparatoria y la etapa de juicio oral. Y consta de tres momentos: la operación o reconocimiento pericial, el dictamen pericial, y el examen de los peritos.

La operación o reconocimiento pericial tiene lugar en la etapa de la investigación preparatoria. En esta etapa, se analizan los objetos materia de peritaje mediante la aplicación de técnicas o métodos científicos. El dictamen pericial es el acto procesal en la cual está relacionado detalladamente las operaciones practicadas, sus resultados y las conclusiones obtenidas. El examen de los peritos se practica en el juicio oral y se someten a contradicciones de las partes.

Los informes o pruebas periciales contables o económicos-financieros constituyen instrumentos de una gran importancia y de enorme utilidad. Estos informes se configuran prueba de hecho o refuerzo cualificado en las pretensiones y argumentos de las partes o como elemento de valoración al servicio de los jueces, arbitro o mediadores.

En este sentido, un informe económico financiero, cuya elaboración estuvo a cargo de un profesional experto en temas contables o económico-financieros, y que contengan información relevante sobre el tema (económicos-financieros), constituye una pericia y como tal una prueba idónea que se puede emplear en el juicio oral, en algunos de los delitos financieros previsto y sancionado en el Título X (Delitos contra el orden financiero y monetario), Capítulo I (Delitos financieros) del Código Penal, con la finalidad de esclarecer y aportar información especializada al juez para que lo tome en cuenta al momento de juzgar.


[1] Cfr. San Martín, Castro (2015). Derecho procesal penal. Lecciones. Conforme el Código procesal penal de 2004. Lima: IAKOB comunicadores & Editores S.A.C., p. 499. En la doctrina procesal penal, se han formulado diversas definiciones sobre la prueba: «comprobación de la verdad de una proposición» (Carnelutti, Francesco (2000). La prueba civil. Buenos Aires: De palma, p. 38), «La prueba en un lenguaje correcto significa comprobar, verificar. Y en sentido lato, verificar o demostrar la autenticidad de una cosa» (Sentís Melendo, Santiago (1978). Los grandes temas del derecho penal. Buenos Aires: Editorial Ejea, p. 150), «La prueba al convertirse en un medio de comprobación y demostración de los hechos imprime objetividad a la decisión judicial» (Neyra Flores, José Antonio (2015). Tratado de derecho procesal penal. Lima: Idemsa, p. 224),

la prueba es la verificación o confirmación de las afirmaciones de hechos expresados por las partes. Esta verificación se produce en el conocimiento del magistrado, una vez que tiene la certeza de los hechos. Si bien la certeza [cercioramiento] del magistrado, tiene un carácter subjetivo –en cuanto que se dan dentro de la mente del juez-, se manifiesta, sin embargo, en forma objetiva en lo que denomina motivación de la sentencia, en la cual el juzgador debe expresar sus juicios sobre los hechos, así como las razones y los argumentos (Ovalle Favela, José (1991). Teoría general del proceso. México: Editorial Harla, p. 305).

[2] Quiroz Salazar, William (2014). La prueba del dolo en el proceso acusatorio garantista. Lima: Editorial Ideas, p. 146.

[3] Neyra Flores, José Antonio (2015). Tratado de derecho procesal penal. Lima: Idemsa, p. 222: Prueba es aquello que confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente en el proceso. Asimismo, constituye una de las más altas garantías contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales.

[4] Cfr. García Rada, Domingo (1982). Manual de derecho procesal penal, VII Edición. Lima: Editorial Sesator, p. 150.

[5] Mixan Mass, Florencio (1990). La prueba en el procedimiento penal. Derecho procesal penal, T. IV-A. Lima: Ediciones Jurídicas, p. 137.

[6] Meranda Estrampes, Manuel (1997). La mínima actividad probatoria en el proceso penal. Barcelona: Editorial Bosch, pp. 20-21.

[7] Cfr. Cubas Villanueva, Víctor (1998). El proceso penal, 3ª Edición. Lima: Editores Palestra, p. 265; en similar sentido Sánchez Velarde [Sánchez Velarde, Pablo (2004). Manual de derecho procesal penal. Lima: Editorial Idemsa, p. 637], al señalar que la prueba es todo medio empleado para demostrar la verdad y la relación que existe entre ambos aspectos procesales.

[8] Neyra Flores, José Antonio (2015). Tratado de derecho procesal penal. Lima: Idemsa, p. 223.

[9] Cfr. Oré Guardia, Arsenio (1996). Manual de derecho procesal penal, 1ª Edición. Lima: Editorial Alternativa, p. 296.

[10] Cfr. Varela, Casimiro A. (1990). Valoración de la prueba. Argentina: Editorial Astrea, p. 87.

[11] Couture, Eduardo (s/f). Fundamentos del derecho procesal civil. S/E, p. 257.

[12] Para Domingo García Rada [García Rada, Domingo (1982). Manual de derecho procesal penal, VII Edición. Lima: Editorial Sesator, pp. 168-169] valorar la prueba consiste en «realizar una operación mental que tiene por fin el mérito o valor de convicción que puede deducirse de su contenido. Cada medio de prueba es susceptible de valoración judicial». En este proceso, como sostiene el autor, señala que no existe pauta que indique cuántas y cuáles –pruebas- son necesarios para formar convicción en el magistrado.

[13] Mixan Mass, Florencio (1995). El debido proceso y el procedimiento penal. En: Vox Juris, Lima, abril, p. 30.

[14] Cubas Villanueva, Víctor (1998). El proceso penal, 3ª Edición. Lima: Palestra Editores, p. 270.

[15] Miranda Estrampes, Manuel (1997). La mínima actividad probatoria en el proceso penal. España: Editorial Bosch, p. 105.

[16] La adquisición de la prueba, consiste que las pruebas producidas ya son parte del proceso, es decir, forman parte del proceso, y ya no del sujeto proceso quien las ofreció. Y es en relación a este principio que la parte que ofreció dicha prueba no pueden solicitar el retiro de las mismas. La unidad de la prueba, según este principio, las pruebas deben ser valorados en conjunto, sin perjuicio, del análisis realizado de manera individual de las partes; cobrando mucho protagonismo las categorías de análisis y síntesis. La sana crítica, este principio conlleva a que las pruebas deben valorarse teniendo en cuenta las reglas de la experiencia, la lógica y la psicología: García Valencia, Jesús (1996). Las pruebas en el proceso penal, Segunda Edición. Bogotá: Editorial Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, p. 80.

[17] San Martín, Castro (2015). Derecho procesal penal. Lecciones. Conforme el Código procesal penal de 2004. Lima: IAKOB comunicadores & Editores S.A.C., p. 533.

[18] Cfr. Climent-Durán, carlos (1999). La prueba penal. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 154; Ramírez, Marciela et al (2015). La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG. En: Cuaderno Contable N° 16, Bogota-Colombia, p. 695.

[19] Varela, Armando Casimiro (1990). Valoración de la prueba. Buenos Aires: Editorial Astrea, p. 191

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